martes, 31 de enero de 2006

Sobre la justicia y los jueces

Es ya casi un tópico periodístico insistir en que la justicia es uno de los sectores institucionales que más cambios necesita. Es habitual hablar de las necesidades de personal en los juzgados, de la urgencia de su renovación tecnológica, de que es preciso elevar el número de magistrados y de que, en fin, es la propia concepción del sistema de justicia la que está demandando, desde hace ya demasiados años, una urgente renovación.

Probablemente, todo esto que tantas veces se afirma resulta absolutamente cierto pero, en mi opinión, uno de los aspectos más importantes para el buen funcionamiento del sistema judicial se encuentra en la correcta preparación de los jueces, no solamente desde un punto de vista legal sino también, y sobre todo, desde un punto de vista cultural, y en la correcta adecuación de éstos al marco social en el que les ha tocado vivir y en el que deben impartir justicia.
Las leyes no son fórmulas matemáticas absolutas e infalibles que pueden aplicarse de igual forma en cualquier caso. En la impartición de justicia, el punto de vista que toma el juez a la hora de analizar lo acontecido, de valorar lo sucedido y de sopesar las pruebas posee una importancia trascendental y, por lo tanto, la formación ética, intelectual y cultural de los jueces, y la sensibilidad social de éstos, aparece como una cuestión fundamental para lograr sentencias ecuánimes, equitativas e imparciales. En este sentido, no es de recibo que demasiados jueces españoles sigan interpretando las leyes sin tener en cuenta a las víctimas, que continúen obligando a éstas a demostrar su inocencia por encima de la obligación legal de probar la culpabilidad del victimario y que, por ejemplo, se dicten fallos que no tienen en cuenta la dignidad ni las exigencias de reparo de quienes previamente ya han sufrido una afrenta en su persona o en su propiedad.

Demasiados ciudadanos pensamos que demasiados jueces, especialmente muchos de quienes provienen de las alas más presuntamente progresistas de la judicatura, confunden la necesaria protección de la libertad de todos con una excesiva permisividad hacia los comportamientos antisociales de unos pocos, que embadurnan la necesaria defensa de los derechos individuales de las personas con una escandalosa laxitud a la hora de condenar a los delincuentes y que, sobre todo en cuestiones ligadas con delitos de terrorismo, siguen sin entender que la justicia no solamente debe ser capaz de castigar a los culpables sino que ha de intentar resarcir al cuerpo social del daño causado por los criminales.

Por otra parte, y si la justicia más cercana a posiciones políticas de izquierda adolece de que simula proteger la libertad en detrimento de la seguridad y al final causa un daño irreparable a las dos, la judicatura más conservadora, cuando no profundamente reaccionaria, ha de interiorizar, definitivamente, que los tiempos han cambiado drásticamente, que los usos y costumbres también, y que hoy resulta un escándalo, una ignominia y una vergüenza colectiva recibir sentencias machistas, sexistas, homófobas y éticamente integristas como las que, desgraciadamente, aún debemos escuchar.
www.gonzalez-zorrilla.com

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