jueves, 23 de marzo de 2006

La banda terrorista ETA debe abandonar las armas sin condiciones

El "alto el fuego permanente" anunciado por la banda terrorista ETA servirá para que numerosas personas de este país vivan más tranquilas, para que muchos centenares de ciudadanos no vean pisoteados sus derechos más básicos y para que en esta tierra comencemos a vivir sin el chantaje permanente de las armas y sin el aliento del miedo palpitando sobre nucas siempre inocentes. Pero, además, en una Euskadi en la que multitud de hombres y de mujeres no nacionalistas todavía sienten miedo a hablar en público y en el que el más de la mitad de los ciudadanos no se atreve a ejercer sin temor sus derechos políticos más elementales, el cese de los atentados decretado por la organización delictiva podría servir para que, de una vez por todas, fuera posible volver a reordenar una serie de valores que comenzaron a perderse en el preciso momento en el que las pistolas pasaron a convertirse, con el silencio cómplice de demasiados ciudadanos, en el principal argumento ideológico de quienes falsariamente dicen apostar por un País Vasco independiente.

Durante treinta años, los métodos bárbaros y criminales puestos en marcha por el conglomerado que orbita alrededor de la organización terrorista ETA han creado en el País Vasco una geografía extraña en la que cuestiones básicas para la convivencia civil han sido despreciadas hasta la infamia y la ignominia. Así, se ha ido conformando un desierto ético en el que el respeto a los demás, la tolerancia ideológica, el respeto institucional y la aceptación de la legalidad vigente han sido principios convivenciales despreciados por el hecho de que su consideración no ayudaba en nada, presuntamente y según palabras del propio Gobierno vasco, a la resolución del "conflicto".
A decir de los que ya empiezan a dar síntomas de padecer un preocupante "síndrome de Estocolmo" con respecto a los terroristas, cuando ni tan siquiera ha dado comienzo el “alto el fuego permanente”, esta situación moralmente deleznable se resolverá por sí sola con el baño de política, de diálogo y de negociaciones que este país va a darse ahora que los criminales han pasado de ser una organización fascista que mataba, a ser, simplemente, un grupo fascista que provisionalmente no mata. La verdad es que sería extraordinario si así fuera, pero es muy posible que se confundan quienes entienden la ausencia más o menos duradera de actos violentos como sinónimo inmediato de paz, democracia y libertad.
En este sentido, las primeras reacciones de los nacionalistas vascos, y de no pocos socialistas, tras conocerse el anuncio etarra, no dejan demasiado lugar a la esperanza y siguen indicando que la asunción de los principios democráticos elementales por parte de los nacionalistas vascos y de los socialistas que encabezan el Gobierno continúa siendo algo pusilánime y débil. En su verborrea triunfalista, a la que se han sumado no pocos medios de comunicación, estas formaciones dejan entrever que, por el simple hecho de paralizar su actividad terrorista, la podredumbre ideológica que desprende el tándem ETA-Batasuna pasa de inmediato a tener la misma legitimidad que la autoridad que se desprende de las instituciones del Estado. A modo de ejemplo, resulta absolutamente irrespetuosa, improcedente y vergonzosa la recomendación hecha por el fiscal general Cándido Conde-Pumpido al juez Fernando Grande-Marlaska en el sentido de que “reflexione” antes de encarcelar a Arnaldo Otegi, portavoz de la ilegalizada Batasuna y uno de los presuntos actores protagonistas del “proceso de paz” que, al parecer, ya está diseñado.
Frente a quienes ahora contemplan a los etarras poco menos que arrobados por la devoción, este es el momento en el que hay que volver a recalcar muy alto y muy claro que los terroristas no pueden pretender ninguna concesión por su declaración de alto el fuego, que ningún proceso político puede ponerse en marcha bajo la amenaza de que los criminales vuelvan a matar y que el único mensaje con sentido que puede enviar la organización criminal será aquel en el que los asesinos afirmen que abandonan la armas y en el que reconozcan el daño causado a la sociedad vasca en particular, y la población española en general. Frente a quienes solamente contemplan el camino hacia la paz demandando obtusamente más patria, solicitando más concesiones al mundo violento y reclamando más sumisión a las exigencias de los terroristas, este paréntesis de tregua debería ser aprovechado para reafirmar la primacía absoluta de los mecanismos del Estado democrático en una sociedad que lleva demasiado tiempo alejada de ellos.
Así, el renacimiento civil de este país debiera establecerse sobre el compromiso unitario de que jamás se aceptará el discurso amenazante y extorsionador que emana de los comunicados en los que la banda terrorista anuncia el cese de sus actividades violentas; sobre el respeto a la opinión, a las exigencias y a las demandas de las víctimas directas la barbarie; sobre la garantía de que se cumplirá la legislación vigente; sobre el convencimiento de que el País Vasco es intensamente plural y que su organización institucional siempre debe respetar esa realidad; y, principalmente, sobre el reconocimiento explícito por parte de todos los ciudadanos y partidos políticos demócratas de que la violencia y el terrorismo jamás van a traer como consecuencia ningún cambio en el ordenamiento político de Euskadi.
La presión policial, la actividad judicial y, sobre todo, la apuesta constante por la paz de muchos ciudadanos vascos han provocado que ETA declare este “alto el fuego permanente”. Saber aprovecharla con inteligencia supone hacernos firmes en nuestra superioridad democrática, significa no ceder ante el chantaje de los criminales y, sobre todo, implica no confundirse con falsos espejismos mediáticos y seguir recordando quiénes son las víctimas, quiénes los verdugos y quiénes han estado al lado de unos y de otros a lo largo de treinta años de terror.

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