lunes, 26 de junio de 2006

Libertad y seguridad

El hecho de que el Gobierno norteamericano, con el consentimiento de muchas de las principales instituciones financieras, haya mantenido bajo vigilancia los flujos internacionales de capitales ha levantado una importante polvareda informativa en la que muchos analistas han gritado su indignación por lo que consideran un “inaceptable recorte de los derechos fundamentales de las personas”.
No es posible negar que la lucha que los Estados democráticos acaban de emprender contra la globalización del terrorismo, la mundialización de la delincuencia y la aparición de nuevas y numerosas modalidades delictivas, especialmente asociadas con las nuevas tecnologías, está provocando un aumento de las incomodidades de los ciudadanos occidentales y un incremento de la información más o menos privada que éstos han de proporcionar a las instituciones. Como consecuencia, se ha producido un importante acrecentamiento del riesgo de que la Administración, bordeando el abismo en ese equilibrio tan delicado que es el formado por la libertad y la seguridad, cometa infracciones e ilegalidades que dañen los derechos fundamentales de las personas.
Esto es un hecho y tanto la fiscalización de los movimientos de los capitales financieros por parte de determinados gobiernos, como el convencimiento que tenemos de que se escuchan nuestras conversaciones, de que se leen nuestros emails y de que alguien conoce cuáles son todos y cada uno de los movimientos de nuestras tarjetas de crédito, no es motivo de duda. Es una certeza.
Dicho esto, hay que señalar que la cuestión central de este debate está en decidir hasta qué punto debemos estar dispuestos a ver recortados en algo nuestros derechos más básicos en aras de la seguridad de nuestras sociedades, de la protección de los ciudadanos, del amparo de nuestros valores y de la salvaguardia de nuestros intereses colectivos. Personalmente, pienso que en los momentos históricos en los que nos encontramos, cuando la democracia y los derechos fundamentales que conforman la base de nuestras colectividades se encuentran permanentemente amenazados por el terrorismo internacional, la delincuencia organizada y sin fronteras, el auge de los poderes integristas y ultranacionalistas en diversos lugares del mundo y, sobre todo, por el avance imparable de los brazos armados de todo tipo ayatolás fascistas, fanáticos y lunáticos, debemos reforzar nuestra capacidad de sufrimiento y aceptar que la lucha por la libertad nunca es rápida ni fácil ni cómoda. El combate debe ser siempre legal, ciertamente. Pero, quizás, lo que deberíamos comenzar a plantearnos es si no ha llegado ya la hora de potenciar, legalmente, el poder de las instituciones democráticas para hacer frente al terror global.
Solicitud de colaboraciones a Raúl González Zorrilla
gzorrilla@gmail.com
www.gonzalez-zorrilla.com

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